La intendenta de Leones, Lorena Bussi, afirmó que la clausura es una «maniobra política» del gobierno de José Manuel de la Sota y señaló que estaba funcionando desde el 24 de abril y nunca se habían planteado problemas.
El ministro cordobés de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, advirtió que la Nación, ni YPF (la estación es de su red propia) ni la constructora de cumplieron con la normativa provincial de ambiente.
Desde la petrolera aseguraron que estaban todas las habilitaciones en regla y que la documentación ambiental está en trámite y dentro de los plazos para cumplir con las exigencias provinciales.
Por su lado, el diputado nacional kirchnerista Fabián Francioni (intendente de Leones en uso de licencia) señaló que la clausura es una «locura» y que se trata de una reacción política del delasotismo.
Polémica
La polémica lleva años. Cuatro ingenieros elaboraron un informe crítico para presentar en el Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito que se hizo en Córdoba en 2012. Plantearon que la megaestación violaba las normas nacionales de tránsito y que la construcción tiene desperfectos que terminarán provocando accidentes.
La estación de servicio -que incluye un área comercial y es la más grande del país- costó, según el CEO de YPF, Miguel Galuccio, $ 300 millones. El presupuesto original era de $ 70 millones