El decreto 840, vigente desde el 3 de junio, establece penas de hasta treinta días de arresto, más una multa al que conduzca vehículos de cualquier tipo y supere los 200 miligramos de alcohol por litro en sangre. Y este fin de semana hubo 102 alcoholemias positivas, 84 detenidos y un comisario removido por no detener.
“No sólo tenemos un Código de Faltas en suspenso, sino que tenemos un sinnúmero de desprolijidades en la cuestión.
La Rioja tiene todavía vigente un decreto ley de la dictadura militar, el 4.245, que ya fue derogado dos veces, pero ambas leyes dejan supeditada su aplicación a diferentes cuestiones”, explicó a Cadena 3 la también candidata a intendente por la capital por Fuerza Cívica Riojana (FCR).
En ese sentido, objetó: “El gobernador, por un Decreto de Necesidad de Urgencia, modifica una ley ya derogada, como es el Código de Faltas de la dictadura; sin tener atribuciones para ello, porque el gobernador no puede legislar”.
“Las detenciones son inconstitucionales y arbitrarias, porque vienen a romper todo el sistema jurídico en la materia; (…) pero, lo que más molesta es que teniendo el poder político las herramientas para hacer las cosas bien, las hagan mal”, indicó.
Brizuela y Doria coincide en que debe haber tolerancia cero para quienes conduzcan alcoholizados, pero respetando los principios constitucionales.
“La Constitución es muy clara, tanto en la Nación como en la Provincia dice que nadie puede ser privado de su libertad sin orden escrita y fundada del juez competente; y acá no hay juez de Faltas, acá el que dispone el arresto es el policía actuante”, sostuvo.
Señaló, además que el policía actuante tiene una comisión sobre el procedimiento de recaudación de las multas.
“La acción punitiva del Estado sola no alcanza, hace falta una política de Estado sostenida a largo plazo”, completó.
