El Senado postergó para este miércoles la firma del dictamen para el proyecto de ley de acceso a la
información pública debido a una serie de cambios sugeridos por el Gobierno y avanzará en la misma oportunidad con la ley del arrepentido para casos de corrupción, que también será modificada.
Las comisiones de Justicia y de Seguridad Interior se reunirán a las 14.00 para firmar el dictamen del proyecto sobre ley del arrepentido mientras que a las 14.30 se prevé que la Comisión de Asuntos Constitucionales haga lo propio con la iniciativa del Poder Ejecutivo sobre acceso a la información y ambas se votarán en la sesión del 7 de septiembre próximo.
La Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el neuquino Marcelo Fuentes (PJ-FPV) tenía previsto darle dictamen al proyecto de acceso a la información pública este martes, pero postergó el
trámite tras recibir a último momento un memo del Poder Ejecutivo que sugiere posibles cambios a la iniciativa.
Entre ellos se destaca la propuesta para eliminar un párrafo en el que se indica que el director de la Agencia de Acceso a la Información que se creará a partir de la sanción de la ley «no podrá haber desempeñado cargos electivos o partidarios en los últimos cinco años previos a la designación».
Si la Comisión de Asuntos Constitucionales acepta realizar las modificaciones sugeridas, el proyecto debería ser devuelto a la Cámara de Diputados y la sanción definitiva de la ley se demoraría algunas semanas más.
Por otra parte, el proyecto que modifica el Código Penal para ampliar la figura del arrepentido a los casos de corrupción también sufrirá cambios pero, en este caso, eso estaba previsto casi desde el inicio del debate en el Senado.
Tras su sanción por la Cámara de Diputados, el proyecto fue muy criticado por todos los especialistas que fueron invitados al Senado para dar su opinión, razón por la cual los distintos bloques acordaron una serie de modificaciones.
Según supo NA, una de ellas apuntará a que la colaboración del arrepentido en un proceso penal sea previa a la elevación de la causa a juicio oral y no en cualquier momento del proceso, como se contemplaba en la redacción original del proyecto.
Otro de los cambios dejará establecido que el arrepentido debe brindar datos sobre personas que estén en su mismo nivel o superior en la estructura delictiva que se investiga.
Una tercera modificación fijará que solo se le tomará como válido al arrepentido su testimonio sobre cuestiones en las que haya participado personalmente y no aquellas de las que se haya enterado por terceros.
El debate de este proyecto, que se trató en conjunto con el de extinción de dominio (o decomiso de bienes de procedencia ilícita), estuvo congelado durante poco más de tres semanas debido a los numerosos cambios que fueron sugeridos para ambas iniciativas.
Sin embargo, la Cámara alta decidió avanzar solamente con la figura del arrepentido y postergar una semana más el proyecto de extinción de dominio debido a que los senadores todavía no logran ponerse de acuerdo sobre los cambios en este segundo proyecto.
El desacuerdo se refiere al fuero judicial que debería hacerse cargo de ordenar el decomiso, una figura que proviene del derecho civil y que ahora se busca aplicar en causas penales relacionadas con el narcotráfico, trata de personas y corrupción.
El PJ-FPV propone que, al tratarse de causas penales, sea uno de los jueces del tribunal oral se ocupe del caso el que se
dedique a llevar adelante la extinción de dominio, mientras que el
macrismo busca que la medida sea adoptada por un juez civil.