El proyecto fue ingresado el 15 de abril y tuvo un pronto tratamiento dado el consenso alcanzado en la labor de las comisiones de Salud Pública y Desarrollo Social y de Desarrollo Humano y Familia, las cuales emitieron dictamen favorable. Casi un mes después, el 13 de mayo pasado, durante la sexta sesión de la Legislatura riojana el proyecto fue puesto a consideración para su votación y resultó ampliamente aprobado.
La necesidad de la capacitación de los y las agentes del Estado en una perspectiva de tratamiento de la discapacidad es una demanda por la que las personas con discapacidad y sus familias vienen luchando desde hace tiempo. Valeria Cáceres, comunicadora social residente en La Rioja y madre de Bautista, un niño de 13 años con autismo, es parte del activismo permanente en torno a promover mejoras en la calidad de vida de las personas con discapacidad, como así también poner el acento en el desarrollo de la responsabilidad social y la empatía como modo de aliviar y ayudar a superar las dificultades que deben enfrentar a diario.
Junto a un grupo de profesionales colaboradores y con el respaldo de la diputada Sonia Torres, la iniciativa de Valeria de lograr que la capacitación se implemente en la Provincia fue tomando forma y llegó a la Casa de las Leyes. Como antecedente, poco tiempo antes el presidente de la Nación, Alberto Fernández, había accedido a una capacitación similar por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) luego de haber pronunciado frases que generaron polémica. Tras ser informado de la terminología correcta, el mandatario expresó que: «la perspectiva de discapacidad debe ser transversal a todas nuestras políticas públicas».
Una ley inclusiva precursora
«Los objetivos generales de la Ley sancionada en La Rioja y que se constituye en un paso precursor trascendente a nivel nacional, ya que hay otras provincias interesadas en seguir los lineamientos del proyecto que elaboramos aquí,son proporcionar a funcionarios y funcionarias de todos los niveles de la tres Funciones del Estado una formación básica sobre la discapacidad, basada en los modelos y paradigmas sociales más actuales», explicó la legisladora Sonia Torres.
«Además, con esta capacitación se procura avanzar en la eliminación de los prejuicios que existen respecto de las personas con discapacidad y fomentar el interés por ellas, desde un enfoque centrado en sus fortalezas y capacidades», agregó. «Esto es muy importante, porque un cambio actitudinal de esta índole permite interactuar desde la legitimación y la igualdad, al tiempo que abre la perspectiva hacia la generación de oportunidades en condiciones de una genuina inclusión».
La normativa es también una herramienta para visibilizar la realidad de las personas con discapacidad y la de sus familias y conlleva trabajar en eliminar las múltiples barreras que obstaculizan la plena participación e inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.
«Decimos que todos somos parte de este mundo y no un punto aparte y resaltamos que el ejercicio pleno de los derechos debe facilitarse por parte de quienes cumplen roles y tienen responsabilidades al frente de las diferentes funciones en las que se desenvuelve el Estado; por eso la perspectiva debe ser transversal, lo que implica atravesar todas las estructuras sobre las que se construyen y efectivizan las políticas públicas, desterrando preconcepciones negativas muchas veces naturalizadas y favoreciendo la asunción de la diversidad y la multiplicidad de experiencias que se presentan», sostuvo Torres.
Respetar y ampliar derechos
La diputada reconoció el empuje de Valeria Cáceres, madre de Bauti, como así también los aportes de quienes acompañaron la elaboración de la iniciativa y remarcó que en su denominación la Ley conserva el nombre de «Bautino», como una manera de destacar «la lucha constante de esta familia, de Bauti a quien conozco personalmente y por quien siento admiración y cariño, y a través de ellos, de honrar a todos y todas los que con superación y coraje componen una fuerza amorosa inclaudicable para construir un mundo para todos» .
La aprobación de la Ley fue muy bien recibida por parte de las familias, las organizaciones sociales y colectivos que trabajan por la inclusión de las personas con discapacidad. En sus fundamentos, el proyecto propone la realización de talleres vivenciales y cursos a través de los que se sensibilice, oriente e informe «en primer lugar y de forma prioritaria, a las autoridades y a los responsables en general de la conducción de los tres poderes» para generar un marco generalizado de concienciación acerca de la protección y respeto por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.
Será autoridad de aplicación el Consejo Provincial para Personas con Discapacidad, que depende del Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social.
