85° Asamblea Ordinaria del Consejo Federal del Consumo (COFEDEC), que se
realizó el viernes 8 de junio en la Casa Natal de Domingo Faustino
Sarmiento, San Juan. Al encuentro asistieron representantes de todo el
país, quienes diseñaron estrategias orientadas a consolidar la defensa de
los usuarios y consumidores, y debatieron la necesidad de declarar como
servicio público a la venta de garrafas.*
Organizada por el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico,
participaron en la asamblea el gobernador de San Juan, Sergio Uñac; el
ministro de Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano; la
presidente y el vicepresidente primero de la Comisión de Defensa al
Consumidor de la Cámara de Diputados Nacional, Marcela Passo y Walberto
Allende; el director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco
Muiño, y el senador nacional Julio Cobos. De La Rioja asistió el director
de Comercio Interior, David Escalante, junto a representantes de organismos
de 21 jurisdicciones del país y de Nación.
Durante la jornada se debatieron temas inherentes a la protección y defensa
de los derechos de los consumidores, y se renovaron las autoridades del
Comité Ejecutivo del COFEDEC.
Asimismo los presentes abordaron las quejas de usuarios de empresas de
seguros, telefonía celular, planes de ahorro, televisión satelital y de
tarjetas de crédito.
Seguidamente se plantearon los diversos inconvenientes y reclamos que se
presentan en muchas provincias respecto a la construcción de viviendas
prefabricadas, la falta de control y de norma que regula esta actividad.
Otro de los puntos importantes que se trató fue el proyecto de Ley
presentado por Cobos en el Senado que refiere a la garrafa social, y la
cual se espera sea declarada por el Congreso de la Nación como servicio
público.
Al respecto Escalante señaló que “puse en conocimiento la problemática que
tenemos en cuanto a la garrafa, si bien en nuestra provincia no hay
faltante de gas butano no existe un control preciso de precios”.
“En su proyecto Julio Cobos expresa que la garrafa (Gas Licuado de
Petróleo), tiene que ser un servicio público, en este aspecto yo pedí que
se ceda a las provincias el poder de policía para fijar los precios, en el
control y en la clausura de los comercios que estén en falta y se le dio
lugar, hoy esa facultad solo la tiene la Secretaría de Energía de La
Nación”, subrayó.
El director además comentó que “hice el pedido oficial para que esta semana
los inspectores de la Secretaría vengan a controlar los precios de las
garrafas, a través de un trabajo coordinado con fiscalización”.
A continuación indicó que “aún no se tomó ninguna denuncia por un aumento
desmedido en el precio de las garrafas, de igual modo están a disposición
las oficinas de la Dirección de Defensa del Consumidor, ubicadas en Pelagio
- Luna 816”.
Finalmente Escalante aseguró la provisión de gas en toda la provincia
durante el periodo invernal, y resaltó que el valor de la garrafa de diez
kilos en planta se mantiene a 220 pesos.