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La liberación o prisión domiciliarias de presos vulnerables al coronavirus es competencia solo del poder judicial

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De esta manera desde la Secretaría de Derechos Humanos, aclaramos que este organismo no tiene entre sus competencias, ordenar traslados y/o liberación de personas privadas de su libertad, ya que ésta es una repartición que forma parte de la Función Ejecutiva provincial, y “el ejecutivo no decide libertades”.

 

Es el Poder Judicial, mediante los jueces que lo conforman, los únicos facultados y competentes para decidir el lugar de alojamiento y/o liberación de detenidos de conformidad a lo establecido por las leyes vigentes.

 

En Argentina y en nuestra provincia existe la división de poderes o funciones, lo que implica facultades y atribuciones propias de cada uno.

 

Esa independencia es la que “no permite” que un poder se inmiscuya en la competencia del otro por lo que “ni el gobernador, ni el secretario de DD.HH., podrían ordenar la liberación o cualquier otra medida en relación a los presos, atento que es Facultad exclusiva del Poder Judicial.

 

Por tal motivo, lo «informado» en la página de noticias “radio 4×4”, el día 27 de abril pasado, sobre el traslado de presos desde el Servicio Penitenciario Provincial, hacia el Polideportivo de Vargas para ser alojados en ese establecimiento, «por orden de la directora y de Pocho Brizuela», tal cual lo afirmado por el cronista, es una información falsa, que ha creado en nuestra ciudadanía sólo muestras de confusión e indignación, y ha puesto en dudas mediante engaños la permanente labor que desde esta institución llevamos adelante en pos de la defensa y protección de derechos humanos.

 

Consideramos de una gravedad extrema que un medio de comunicación, que tiene la misión de informar con la verdad, fabrique, falsee y publique información falaz, con el único fin de perjudicar al titular de esta institución como al organismo en sí. Más grave aún seria que tal información se haya difundido por ignorancia, y falta de comprobación de las fuentes periodísticas, pues deja en evidencia la irresponsabilidad tanto del periodista como del medio. Quien debieran de plantearse los fundamentos políticos y éticos que los legitiman.

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